Durante el período 2014-2021 se han producido miles de heridos y 25 fallecidos por la celebración de los bous al carrer en la Comunidad Valenciana. Se dice pronto. Cada una de esas personas era querida, tenía sueños, familia y una vida por delante. Algunos ni siquiera estaban participando en los festejos, simplemente querían cruzar la calle, pero nunca llegaron al otro lado.
Este año 2022 hemos alcanzado una cifra récord: la fatídica cifra de 9 personas fallecidas (en fecha 05/10/22). Los heridos por asta de toro ya superan los tres centenares. Algunos menores (recordemos que está terminantemente prohibida su participación) resultaron heridos en Puçol (12 años), Gilet (15 años) o recientemente en Bonrepòs (15 años). Dos niños de 8 y 10 años fueron noticia por embolar a un toro en Nàquera.
La casuística se repite cada año con las mismas circunstancias: los organizadores de los ‘bous al carrer‘ son con frecuencia peñas taurinas, encargadas de controlar el acceso a los recintos, y ya sea por negligencia o por tolerancia expresa, los menores acaban accediendo a los lugares vedados.
También se han hecho virales los videos de toros entrando a sucursales bancarias o corriendo libres tras escaparse de sus captores. El último suceso, hoy mismo. Una vaquilla dentro de una coctelería en Peñíscola. Parece que en fiestas la seguridad ciudadana pasa a un segundo o tercer plano. Pan y circo.
Las aseguradoras suben sus primas por el aumento de la peligrosidad y a pesar de ello en algunos municipios se siguen celebrando estos festejos, eso sí, con límites asegurados bajos y muchos interrogantes… ¿qué pasará si sucede lo que nadie desea y alguien muere? ¿cómo afectaría a los organizadores o al ayuntamiento?
Mientras tanto, las peñas taurinas en un afán de “caradurismo” maniobran en los despachos e intentan que, entre todos, les paguemos con cargo a dinero público los seguros y demás gastos de su cruel afición, a la vez que exigen subvenciones. Para ello apelan a Ayuntamientos y Diputaciones.
Los políticos más conservadores, anclados en el inmovilismo, apoyan este chantaje económico, los más progresistas dan (grandes o pequeños) pasos al frente, y el resto concluye que hay que seguir debatiendo. En general es un momento de debate y la balanza se decantará en breve por una u otra postura, puesto que 2023 es año electoral.
La Comisión Consultiva sobre Festejos Taurinos en la Comunidad Valenciana (composición heredada del gobierno del PP), como es costumbre, adopta sus acuerdos por unanimidad y concluye diciendo que “todo está bien”. A lo sumo acuerda emitir alguna circular recordando que «hay que cumplir las normas«. La componen representantes de la Administración, de los municipios, de la Medicina, de la Enfermería, de la Veterinaria, de la Arquitectura, Aparejadores, Ganaderos y Asociaciones de bous al carrer.
¿Echan de menos a alguien ahí?…
Bingo…
Nadie representa al toro.
Aunque se sabe que según el art. 3 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos están prohibidos “los festejos taurinos tradicionales de la Comunitat Valenciana que no se realicen de conformidad con su normativa específica” seguimos asistiendo al triste espectáculo de ver que simplemente no hay control alguno al respecto.
Sabemos de los “accidentes y percances” que afectan a personas y que por supuesto, se podrían haber evitado. El mantra «el riesgo cero no existe«, es sabido que lo soporta todo.
Sobre el sufrimiento de los toros y vaquillas participantes y el número de los que fallecen antes, durante y después del espectáculo, sin embargo, se guarda un silencio atronador.
El Reglamento establece la prohibición de maltratar al animal, pero hemos sabido por la prensa que este año dos toros han muerto por golpe de calor o uno mientras era embolado. En todas las ocasiones podemos los toros sufren al ser sacados de su área de confort. Sufren al ser acosados, golpeados o pinchados. En demasiadas ocasiones acaban heridos o muertos en accidentes que serían totalmente evitables. En algunos casos más extremos son linchados por la multitud. Lo que publican los medios, obviamente, es solo la punta del iceberg.
El único destino de los toros utilizados en estos anacrónicos festejos es la muerte.
Algunos de estos nobles animales fallecen durante el transporte (“de cada 5 toros, 1 muere en el cajón”), otros se lesionan o mueren durante el espectáculo o al acabar este. Esos son incinerados. Los que sobreviven acaban en un matadero.
Habida cuenta que los bous al carrer a diferencia de la tauromaquia, no están protegidos como patrimonio cultural inmaterial, si tenemos un mínimo de sensibilidad llegaremos a ciertas conclusiones:
Sólo hace falta voluntad política. Las normas cambian. La sociedad también.
El futuro solo puede construirse sobre decisiones valientes.
Pero mientras eso sucede, cada vez más municipios están tomando posición basándose en la autonomía municipal.
¿Cómo?
En primer lugar, cortando toda la financiación pública municipal que reciben estas peñas, de forma directa o indirecta.
En segundo lugar, emitiendo una declaración desfavorable a la celebración de estos festejos en sus municipios.
La normativa actual (a diferencia de la anterior al 2015) deja al arbitrio de cada municipio la decisión acerca de la celebración de festejos de bous al carrer, y consecuentemente, la denegación o autorización para su celebración, o la licencia en los supuestos de ocupación de vía pública.
Las peñas taurinas suelen presionar con interponer recursos y querellas contra alcaldes y concejales que emitan declaraciones desfavorables. Pero hay que tener en cuenta que, a pesar de las amenazas, cada Ayuntamiento tiene derecho a tomar su propia decisión. Ningún cargo político ha sido condenado por negarse a celebrar estos crueles festejos.
Según la sentencia 252/19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de València (caso Paiporta), que se apoya en dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 10 de Valencia (22 de febrero y 13 de junio de 2018):
“el artículo quince (Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales) dispone que “el organizador o promotor de festejos taurinos tradicionales (bous al carrer) deberá obtener, previamente a su autorización, y tener a disposición del director del festejo o de la autoridad competente, la siguiente documentación: 1. Declaración favorable del ayuntamiento de la localidad a la celebración de festejos de bous al carrer (…)”
Y añade: “la declaración favorable o desfavorable, no se sujeta a elemento reglado alguno, y por ello debe estimarse de la máxima discrecionalidad con la evidente intención de permitir la acción política y basada en la oportunidad sobre la celebración de aquéllos…”
Por si queda alguna duda, la sentencia aludida concluye así: “la declaración desfavorable a la celebración de dichos festejos tradicionales constituye un acto político que no puede ser objeto de reproche jurisdiccional”.
¿Y tú, qué harás?
Por Eloi Sarrió, Director de Aboganimal
