Por Eloi Sarrió Santana, Director de Aboganimal
Una familia con un perro sin microchip se enfrenta a una multa mínima de 10.001 euros. Una rehala de treinta perros con dos sin identificar puede irse a casa con un simple apercibimiento. Las dos cosas serán verdad a la vez desde el 2 de enero de 2027, y las dos salen de la misma norma.
El BOE del 13 de noviembre de 2026 ha publicado el Real Decreto 986/2026, de 11 de noviembre, sobre identificación de animales de compañía. Desarrolla el artículo 51 de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y llega más de tres años después que ella.
Es una norma con buenas intenciones pero con malos acabados jurídicos. Unifica por fin la identificación en toda España, alcanza a los perros de caza y pone los gatos comunitarios a nombre de los ayuntamientos. Pero también contradice en algún punto a la ley que desarrolla, sanciona la falta de identificación de una forma desigual y se olvida de las protectoras.
En este artículo analizamos qué supone para cada colectivo: familias, protectoras, gestoras de colonias felinas, ayuntamientos, cazadores, criadores, santuarios y veterinarios.
Cuándo entra en vigor el Real Decreto 986/2026
| Fecha | Qué ocurre | Precepto |
|---|---|---|
| 2 de enero de 2027 | Entra en vigor el real decreto | Disposición final tercera, apartado 1 |
| 1 de enero de 2028 | Se aplica la nueva estructura del código del microchip | Disposición final tercera, apartado 2, y art. 5.3 |
| Hasta 12 meses desde la entrada en vigor (1 enero de 2028) | Las comunidades autónomas adaptan sus registros al anexo I | Disposición adicional primera |
| Hasta 12 meses desde esa adaptación (1 enero de 2029) | Los titulares actualizan los datos de sus animales | Disposición adicional primera |
Dos ideas para quedarse:
- Quien ya tiene a su animal identificado no tiene que cambiar el microchip, salvo que deje de leerse (disposición transitoria única).
- El sistema completo puede tardar hasta 2029. Si la comunidad agota su plazo y los titulares el suyo, los nuevos datos del registro no estarán disponibles hasta dos años después de la entrada en vigor.
A qué animales se aplica
El artículo 2 distingue cuatro grupos:
- Perros, gatos, hurones y aves de compañía sujetos a la Ley 7/2023.
- Perros, gatos y hurones excluidos de la Ley 7/2023 por las letras c) y e) de su artículo 1.3: los de experimentación y docencia, los perros de caza y rehalas, los pastores y de guarda de ganado, los de rescate, los de seguridad, los de intervenciones asistidas y los hurones de caza.
- Otras especies cuya identificación se declare obligatoria en el listado positivo de animales de compañía (que aún no tenemos).
- Animales de producción que han perdido su fin productivo y que su propietario decide inscribir como animales de compañía (ya sea a título particular o integrados en la figura de los santuarios).
El segundo grupo es la gran novedad. Como la Ley 7/2023 excluye a esos animales, el Gobierno se apoya en la Ley 8/2003, de sanidad animal, que no excluye a ninguno. Es una solución hábil y la celebramos. Su precio lo veremos al hablar de sanciones.
Quedan fuera las aves de cetrería y cualquier otro animal de actividades deportivas o profesionales que no sea perro, gato o hurón. Por ejemplo, caballos, ponys, palomas mensajeras y palomos deportivos. Los perros adscritos a los ministerios de Defensa e Interior pueden seguir en sus registros propios (disposición adicional segunda).
El contexto europeo: el Reglamento (UE) 2026/1818
El real decreto no llega solo. El 10 de agosto de 2026, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el Reglamento (UE) 2026/1818, de 17 de junio de 2026, relativo al bienestar de los perros y los gatos y a su trazabilidad. El preámbulo del real decreto lo cita como uno de sus fundamentos, y buena parte de su contenido sale de él.
Un matiz técnico: es un reglamento, no una directiva. No necesita transposición, porque es «directamente aplicable en cada Estado miembro» (art. 33). Lo que hace el real decreto es adelantarse a su entrada en vigor y preparar el sistema español.
Qué exige Europa
- Todos los perros y gatos con microchip (art. 20.1), estén en un criadero, en un refugio o en manos de un particular «o de cualquier otra persona física o jurídica». La norma no distingue por el uso del animal.
- Tres meses de edad como límite, o antes de la comercialización (art. 20.2). De aquí sale el plazo del real decreto.
- Implantación por un veterinario y registro en la base de datos nacional en dos días hábiles (art. 20.2 y 20.3).
- Refugios y casas de acogida: identificación en 30 días desde la llegada del animal, y registro a nombre del operador responsable (art. 20.2 y 20.3).
- Animales llegados de fuera de la Unión que permanezcan más de seis meses: registro en cinco días hábiles desde el sexto mes (art. 26.4). El real decreto lo copia en su artículo 4.4.
- Conservación de los datos: 25 años desde el primer registro o cinco años desde la muerte del animal (art. 25.2.c). Es el mismo plazo que fija el anexo I del real decreto.
- Sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias», que cada Estado debe establecer (art. 32).
Qué deja fuera
- Los perros y gatos destinados a fines científicos (art. 2.2).
- Los gatos de explotaciones agrícolas que viven en libertad y controlan plagas, si el agricultor no comercia con ellos (art. 3.4).
- Los Estados pueden eximir del registro a los perros militares, policiales y aduaneros (art. 20.3). Es lo que hace la disposición adicional segunda del real decreto.
- Los hurones y el resto de especies: el reglamento solo se ocupa de perros y gatos (art. 4).
Cuándo se aplica
| Fecha | Qué empieza a aplicarse |
|---|---|
| 31 de agosto de 2028 | Aplicación general del reglamento (art. 33). Los animales con microchip anterior a esa fecha se consideran conformes si el chip es legible (art. 20.2) |
| 31 de agosto de 2030 | Identificación y registro para criadores, vendedores, refugios y cualquiera que comercialice perros o gatos (art. 20.7.a). Bases de datos nacionales (art. 33) |
| 31 de agosto de 2036 | Identificación y registro de los perros de particulares (art. 20.7.b) |
| 31 de agosto de 2041 | Identificación y registro de los gatos de particulares (art. 20.7.c) |
Los Estados pueden ser más estrictos (art. 30), y España lo es: adelanta las fechas a 2027 y añade a los hurones, a todos los gatos y a los animales de experimentación. Eso sí, deberá comunicar esas normas más estrictas a la Comisión antes del 31 de agosto de 2028.
Qué supone el reglamento europeo para interpretar el real decreto
Refuerza la inclusión de los perros de caza. Que la Ley 7/2023 los excluyera, no los libra del microchip: el derecho europeo lo exigirá en todo caso, como tarde en 2036. Quien impugne el real decreto por incluirlos tendrá que explicar cómo se cumple entonces el reglamento.
Debilita el doble régimen sancionador. Europa exige sanciones disuasorias y no distingue entre un perro de familia y uno de caza o pastoreo. Un sistema que castiga la misma omisión con 10.001 euros en un caso y con un apercibimiento en otro, difícilmente supera ese examen.
Deja al descubierto varios desajustes que habrá que corregir antes de que el reglamento sea aplicable:
| Cuestión | Reglamento europeo | Real decreto |
|---|---|---|
| Quién comunica la transmisión del animal | Quien lo transmite, en dos semanas, en ventas o donaciones ocasionales entre particulares (art. 20.4) | La nueva persona titular, en tres días hábiles (art. 4.8) |
| Refugios y casas de acogida | Identificación en 30 días desde la llegada, a nombre del operador (art. 20.2 y 20.3) | No dice nada |
| Microchip ilegible | Nuevo transpondedor y actualización del registro con el nuevo número (art. 20.6) | Nuevo transpondedor con el mismo código (art. 4.9) |
| Plazo para registrar un animal tras implantar el chip | Dos días hábiles (art. 20.3) | No fija plazo |
| Uso de los datos personales | Solo para controles oficiales, con prohibición de divulgarlos (art. 25.1) | Acceso a todos los datos «a través del SICERPA», sin precisar quién puede acceder ni para qué. |
Qué cambia para las familias y personas con animales
Microchip antes de los tres meses
Perros, gatos y hurones deben identificarse antes de los tres meses de edad y, en todo caso, antes de la primera transmisión (art. 5.4). La nota de prensa previa que se remitió a los medios hablaba de dos meses. El texto publicado dice tres. Nos quedamos con este último plazo.
El microchip se implanta en el lado izquierdo del cuello. Si no es posible, en la cruz, y el veterinario anota el lugar exacto (art. 5.1).
Los plazos que conviene apuntar
| Situación | Plazo | Quién comunica |
|---|---|---|
| Transmisión del animal | 3 días hábiles | La nueva persona titular (art. 4.8) |
| Cambio de comunidad autónoma sin cambio de titular | 1 mes desde la llegada | El titular (art. 4.7) |
| Muerte del animal | 7 días hábiles | El titular (art. 4.12) |
| Animal llegado de otro país que permanece más de 6 meses | 5 días hábiles desde el sexto mes | El titular (art. 4.4) |
Una contradicción con la ley: ¿a nombre de quién se identifica una camada?
El artículo 51.1 de la Ley 7/2023 dice que la identificación inicial solo puede hacerse a nombre de «una persona criadora registrada, entidad de protección animal o Administración Pública autorizados». El real decreto, en cambio, dispone que las crías se identifican «a nombre del titular de la hembra reproductora» (art. 4.11), sea quien sea.
¿Qué ocurre con la camada de una perra cuyo titular es un particular? Según el real decreto, se identifica a su nombre. Según la ley, no se puede. Y el propio anexo I incluye una casilla para marcar si el animal procede de «un criador no registrado». Es decir, incomprensiblemente, el registro prevé como dato ordinario lo que la ley prohíbe.
Un reglamento no puede contradecir a la ley que desarrolla. Esta fricción dará trabajo a los registros autonómicos y, antes o después, a los tribunales.
Otros problemas de redacción
El plazo de la transmisión. El artículo 4.8 dice que se comunica en tres días hábiles «según los plazos establecidos en el contrato». No se sabe si el contrato puede fijar otro plazo o si los tres días cuentan desde la fecha pactada. Además, la carga recae solo en quien adquiere. Quien cede o vende sigue figurando como titular, y como responsable, hasta que el otro cumpla. Consejo: tramitar el cambio en el mismo acto de la entrega, preferentemente en el veterinario y dejarlo así escrito en el contrato.
La residencia habitual. El animal se inscribe en la comunidad donde pasa más días al año (arts. 3.2.m y 4.1). La norma no dice cómo se acredita. Dará problemas en custodias compartidas entre dos comunidades, segundas residencias y perros que pasan la temporada de caza fuera.
¿Un segundo microchip? El animal que llega de fuera, si se queda más de seis meses y lleva un chip que no cumple el anexo II debe identificarse de nuevo (art. 4.5). El texto no aclara si eso obliga a implantar otro transpondedor. Afecta de lleno a las adopciones internacionales.
¿Puede un animal estar a nombre de dos personas?
Es la pregunta que más nos hacen las parejas. Con el real decreto en la mano, la respuesta es que no queda claro.
Lo que la norma regula de forma expresa es otra cosa: el titular puede designar «una o varias personas responsables», con su consentimiento (art. 4.3). La cotitularidad no aparece en ningún artículo. El anexo I habla de «las personas titulares» en plural para perros, gatos y hurones, pero la definición de persona propietaria está en singular (art. 3.2.l), igual que las reglas sobre transmisión y crías.
Es una oportunidad perdida. Desde la Ley 17/2021, el artículo 94 bis del Código Civil permite al juez confiar el cuidado del animal a uno o a ambos cónyuges «con independencia de la titularidad dominical», y ordena que esa decisión conste en el registro de identificación. El real decreto viene a decir que cuando un juez confía el animal a quien no figura como titular, es obligatorio inscribirlo como persona responsable (art. 4.3). Pero se queda ahí. No regula la cotitularidad y no dice nada de las parejas de hecho, a las que el artículo 94 bis no menciona. Para ciertos actos veterinarios, estos requieren la firma del titular. Nada se dice acerca de la potestad de la persona «responsable» para estas decisiones.
¿Y qué pueden hacer las parejas? Mientras la cotitularidad no esté clara, la única vía segura es que quien no figure como titular conste como persona responsable. Pero conviene no engañarse sobre lo que eso significa. El real decreto crea la figura y no le atribuye ninguna facultad. La Ley 7/2023 la define como quien, «sin ser titular», tiene al animal bajo su «cuidado, guarda o custodia» (art. 3.bb), y solo le impone deberes: cuidarlo, llevarlo al veterinario y responder de los daños que cause (art. 24). En la práctica, la persona responsable podrá consentir una intervención urgente, porque la ley le obliga a procurar al animal la atención sanitaria que necesite, pero no decidir por sí sola una cirugía programada, una esterilización o una eutanasia. Tampoco podrá viajar al extranjero con el animal sin una autorización escrita del titular, que es lo que exige la normativa europea a quien no figura como propietario en el pasaporte. Figurar como responsable no da la propiedad ni iguala a los dos miembros de la pareja: deja constancia oficial del vínculo y poco más. Por eso recomendamos acompañar la inscripción de un acuerdo privado que diga quién decide en materia veterinaria, quién puede viajar con el animal, cómo se reparten los gastos y qué ocurrirá con él si la relación termina.
Un registro que lo sabrá casi todo
El anexo I convierte el registro en un historial completo. Entre otros datos, recogerá:
- si el animal procede de un criador no registrado;
- si es reproductor y si está esterilizado;
- camadas y cesáreas;
- vacunaciones obligatorias y fecha de la revisión veterinaria anual;
- condición de perro potencialmente peligroso y agresiones conocidas por la Administración o los tribunales;
- curso de tenencia responsable;
- estado del animal: localizado, perdido o sustraído;
- historial de titulares durante 25 años desde la identificación, o cinco años tras la muerte.
Contra el abandono y la cría ilegal, es una herramienta excelente. El plazo de 25 años no es una ocurrencia española: viene del artículo 25.2 del Reglamento (UE) 2026/1818. Pero ese mismo artículo limita el uso de los datos personales a los controles oficiales y prohíbe divulgarlos. El real decreto copia el plazo y se olvida de las garantías: dice que a esa información «se permitirá el acceso» a través del Sistema Central de Registros de Protección Animal (SICERPA), sin precisar quién accede, a qué datos ni para qué, lo que puede vulnerar la normativa europea de protección de datos.
Qué cambia para las protectoras y casas de acogida
Las protectoras ganan mucho:
- Trazabilidad real. El historial de titulares permite saber quién tuvo al animal antes de que apareciera abandonado.
- Registros conectados. Un perro identificado en Galicia y perdido en Alicante podrá localizarse a través del sistema central.
- Control del origen. Los datos de camadas y de criador no registrado -en teoría- dan base para denunciar la cría ilegal.
Pero el real decreto no les dedica una sola regla. No menciona los centros de protección animal, las entidades de protección ni las casas de acogida. Hay que reconstruir su régimen con piezas sueltas:
- Animal recogido sin microchip. El real decreto calla. La respuesta está en la ley: la identificación inicial puede hacerse a nombre de una entidad de protección animal o de la Administración (art. 51.1 de la Ley 7/2023). El reglamento europeo va en la misma línea: el refugio deberá identificarlo en 30 días desde su llegada y registrarlo a su nombre (art. 20).
- Lo que viene de Europa. Para el reglamento, la protectora que entrega animales en adopción es un «operador», aunque la adopción sea gratuita (art. 4). Desde 2028 tendrá que notificar su actividad a la autoridad competente (art. 9) y no podrá tener más de cinco animales, o una camada, en cada casa de acogida, salvo que el Estado autorice más (art. 7.2). Los refugios de hasta quince animales y las casas de acogida tienen un régimen más ligero (art. 5.2).
- Persona responsable obligatoria. Cuando el titular es una persona jurídica, designar a una persona responsable es obligatorio (art. 4.3). Cada animal a nombre de la protectora necesitará una.
- Casas de acogida. Su único encaje es esa figura. La persona acogedora puede constar como responsable, nunca como titular.
- Adopciones. La adopción es una transmisión. El plazo de tres días hábiles corre a cargo del adoptante.
Consejo para protectoras: revisar los contratos. El contrato de adopción debe prever el cambio de titular del animal en el momento de la entrega. El de acogida debe aclarar que la persona acogedora figura como responsable del animal y con qué alcance.
Colonias felinas: los gatos comunitarios, a nombre del ayuntamiento
El artículo 5.5 establece que los gatos comunitarios se identifican a nombre de la administración local competente del lugar donde está la colonia, en el momento de su captura. Los neonatos, cuando lo decida el veterinario responsable del programa sanitario.
No es una obligación nueva. Desde su entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2023, la Ley 7/2023 exige que el programa sanitario de cada colonia incluya la «identificación obligatoria mediante microchip con responsabilidad municipal» (art. 39.1.f.3.º). Los ayuntamientos llevan más de tres años obligados. Lo que hace el real decreto es cerrar la puerta a una práctica extendida e injusta: gatos comunitarios inscritos a nombre de la gestora o de la asociación, que así cargaban con una responsabilidad que la ley atribuye al ayuntamiento. El registro tendrá además una categoría propia de gato comunitario.
El reglamento europeo, por su parte, respalda el método: permite expresamente el corte auricular para marcar a los gatos esterilizados en programas de «captura, esterilización y retorno» (art. 18.3).
Quedan problemas abiertos:
- Las capturas que pagan las gestoras. Muchas voluntarias capturan y esterilizan por su cuenta. El gato debe inscribirse a nombre del ayuntamiento, pero la norma no dice cómo se hace cuando el ayuntamiento no participa. Hará falta, como mínimo, que el municipio autorice a las clínicas a registrar a su nombre.
- El riesgo de la persona responsable. El ayuntamiento es una persona jurídica y puede designar a una persona responsable de cada animal. Nos preocupa que algunos designen a las gestoras y les trasladen así, por la puerta de atrás, una responsabilidad que es municipal. Ninguna gestora debería aceptar esa designación sin un acuerdo que delimite sus funciones sin extralimitarse.
- Mancomunidades, consorcios y diputaciones. Cuando el servicio lo presta otra entidad, no queda claro a nombre de quién se inscribe.
- Adopción de un gato comunitario. Será una transmisión desde el ayuntamiento, que tendrá que intervenir en el trámite.
¿Qué pasa si un ayuntamiento no identifica a sus gatos comunitarios?
Es la pregunta clave, y el real decreto no la responde de forma directa. Hay que distinguir dos escenarios.
Primer escenario: el ayuntamiento captura y esteriliza, pero no pone microchip. La Ley 7/2023 castiga como infracción grave «no cumplir las obligaciones de identificación del animal» (art. 74.b), con multa de 10.001 a 50.000 euros (art. 76.1.b). La pregunta es si ese tipo alcanza a un ayuntamiento.
Hay una lectura que dice que sí. La ley hace responsables a «las personas físicas o jurídicas» que cometan la infracción (art. 69.1), un ayuntamiento es una persona jurídica y la norma no excluye a las Administraciones, como sí hace, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos (art. 77). Tampoco sería insólito: los organismos de cuenca multan a los ayuntamientos por vertidos y el Tribunal Supremo revisa esas sanciones con normalidad (por ejemplo, STS de 2 de julio de 2026, rec. 5290/2024, ECLI:ES:TS:2026:3101).
Pero es una interpretación forzada. El derecho sancionador exige que la conducta esté tipificada por ley y prohíbe la analogía (art. 27 de la Ley 40/2015).
El problema no está tanto en la letra de la ley como en todo lo que la rodea. El ayuntamiento no puede escudarse en que no figura como titular del gato: la propia Ley 7/2023 le impone la «identificación obligatoria mediante microchip con responsabilidad municipal» (art. 39.1.f.3.º), y nadie puede ampararse en su propio incumplimiento. Pero esa obligación nace dentro del programa de gestión y en el momento de la captura, de modo que solo alcanza al ayuntamiento que captura y no identifica. El régimen sancionador, además, está pensado para particulares: la inhabilitación para la tenencia de animales o los cursos de reeducación no tienen sentido frente a una Administración. Falta quien sancione, porque las infracciones cometidas en espacios públicos municipales las castiga el propio ayuntamiento (art. 80.2), que no puede multarse a sí mismo, y la intervención de la comunidad autónoma depende de lo que diga su normativa.
Y el ayuntamiento. como sabemos, siempre podrá alegar falta de culpa si no ha recibido la financiación que la ley prevé (art. 39.2).
En la práctica, por tanto, no cabe esperar multas. La sanción a un ayuntamiento es posible en teoría, pero ninguna Administración parece dispuesta a imponerla ni la ley le pone fácil hacerlo.
Segundo escenario: el ayuntamiento no hace nada. Aquí aparece la paradoja. La obligación de identificar nace «en el momento de su captura». Si el ayuntamiento no captura, técnicamente no incumple el artículo 5.5. Incumple algo anterior y más grave: su deber de gestionar las colonias (art. 39 de la Ley 7/2023). Pero ese incumplimiento no tiene un tipo sancionador específico. Resultado: el ayuntamiento que hace las cosas a medias se expone a una multa más clara que el que no hace nada.
Y hay una ironía añadida. La ley obliga a los ayuntamientos a vigilar y sancionar a los vecinos que no tienen a sus gatos identificados y esterilizados (art. 39.1.i). Exigen a otros lo que muchos no cumplen.
La vía que sí funciona es la judicial. Frente al ayuntamiento que no actúa, el camino es este:
- Requerimiento formal al ayuntamiento para que cumpla.
- Si en tres meses no lo hace, recurso contencioso-administrativo por inactividad (art. 29.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
- Medidas cautelares desde el inicio del pleito.
Los tribunales ya lo están admitiendo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en sentencia de 31 de julio de 2026 (recurso 84/2026, ECLI:ES:TSJCL:2026:3267), estimó en parte el recurso de una asociación y acordó medidas cautelares contra un ayuntamiento por su inactividad en la gestión de las colonias felinas. La sentencia recuerda que, cuando lo que se recurre es la inactividad de la Administración, la medida cautelar es la regla y no la excepción, y califica de «evidente» la inacción municipal.
Queda una última vía, más teórica: que la comunidad autónoma requiera al ayuntamiento y, si persiste, actúe en su lugar y a su costa (art. 60 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local). El precepto exige condiciones estrictas y rara vez se usa.
Resultado: el ayuntamiento que no hace nada queda fuera del tipo sancionador, y el que hace las cosas a medias, dentro, pero sin nadie que lo sancione.
Cazadores, rehalas y perros de trabajo
Los perros de caza tendrán que estar identificados en toda España
Perros de caza, rehalas, pastores, de guarda, de rescate, de seguridad y hurones de caza quedan sujetos al mismo sistema que cualquier otro perro. El registro recogerá su categoría, la licencia de caza del titular o, en los perros ganaderos, el código de la explotación.
Hasta ahora, su identificación dependía de lo que dijera cada comunidad autónoma. El propio preámbulo reconoce que a estos animales se les aplicaba «únicamente la normativa autonómica». Ahora hay un suelo común, el mismo plazo de tres meses y registros conectados. Para quien abandona perros al acabar la temporada, cruzar de comunidad ya no servirá para borrar el rastro.
Y hay un respaldo de más peso. El Reglamento (UE) 2026/1818 exige el microchip a todos los perros, sin distinguir por su uso, como tarde en 2036 (art. 20). El real decreto no inventa la obligación para los perros de caza: la adelanta.
Una categoría que depende de un papel
El real decreto define al perro de caza por dos requisitos: que se use en una actividad cinegética y que su titular tenga rehala, recova o jauría, o una licencia de caza en vigor (art. 3.2.f). De ahí salen dos problemas:
- La licencia caducada. Si el titular deja caducar la licencia, el perro ya no encaja en la definición. Habrá que ver si pasa a la categoría básica y, con ello, a la protección plena de la Ley 7/2023.
- El fraude de categoría. Basta una licencia para inscribir a un perro como animal de uso cinegético. Tememos que haya quien use esa casilla para sacar a sus perros del ámbito de la Ley 7/2023. El texto no prevé ningún control sobre el uso real del animal.
El doble régimen sancionador
Es, a nuestro juicio, el punto más débil de la norma. El artículo 8 remite a dos leyes distintas:
| Animal sujeto a la Ley 7/2023 | Animal excluido de la Ley 7/2023 | |
|---|---|---|
| Norma sancionadora | Ley 7/2023 | Ley 8/2003, de sanidad animal |
| No identificar al animal | Siempre grave (art. 74.b) | Leve o grave según el porcentaje de animales afectados (arts. 83.1 y 84.1) |
| Sanción | Multa de 10.001 a 50.000 € (art. 76.1.b) | Leve: apercibimiento o multa de 600 a 3.000 €. Grave: multa de 3.001 a 60.000 € (art. 88.1) |
| ¿Cabe el apercibimiento? | No | Sí, en las leves, sin dolo y sin sanción en los dos años anteriores |
La Ley de sanidad animal gradúa la infracción por porcentajes. Si los animales no identificados son menos del 10 % de los que se poseen, es leve.
Caso práctico. Un rehalero tiene treinta perros y dos sin microchip. Está por debajo del 10 %: infracción leve y posible apercibimiento. Su vecina tiene una perra mestiza sin identificar: infracción grave y multa mínima de 10.001 euros. Misma conducta, misma norma de identificación, resultado opuesto.
Hay además un problema de tipicidad. Los tipos de la Ley 8/2003 están pensados para explotaciones ganaderas. La ausencia total de identificación solo se tipifica de forma expresa para los animales de producción. Para un perro de caza habrá que acudir al inciso sobre animales que carecen de «alguno de los elementos» de identificación. Es previsible que los sancionados sostengan que la conducta solo encaja en la infracción leve residual, y en derecho sancionador la duda favorece al infractor.
Y hay un tercer problema, ya apuntado. El reglamento europeo exige sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias» (art. 32). Un apercibimiento por tener perros sin identificar no parece ninguna de las tres cosas.
En resumen: el real decreto consigue que los perros de caza estén identificados sobre el papel, pero no que estén igual de protegidos.
Un riesgo en sentido contrario: la multa desproporcionada
Para los animales sujetos a la Ley 7/2023 hay un peligro distinto. El artículo 74.b castiga como grave «no cumplir las obligaciones de identificación del animal». El real decreto crea ahora muchas obligaciones accesorias: comunicar la muerte en siete días, el cambio de comunidad en un mes, mantener los datos al día.
¿Es lo mismo no poner el microchip que comunicar tarde un cambio de domicilio? No debería. Los retrasos y defectos formales encajan en la infracción leve del artículo 73, que comprende el incumplimiento de «responsabilidades administrativas» por los titulares, con apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros (art. 76.1.a). Habrá que vigilar que ninguna Administración los eleve a graves.
Criadores, santuarios, aves y veterinarios
Criadores
El registro va a retratar la cría: reproductores, camadas, cesáreas, código de los progenitores y procedencia. Como el microchip debe ponerse antes de la primera transmisión, cada camada deja rastro. Es una buena noticia.
Europa aprieta en la misma dirección. El reglamento obligará a autorizar los criaderos de más de cinco camadas al año (art. 10), prohíbe la cría entre parientes cercanos (art. 8.4) y exige entregar al comprador un justificante de identificación y registro (art. 21.3). Los anuncios en internet deberán llevar un código de verificación.
La duda es quién comprueba esos datos. Los inscribe el veterinario a partir de lo que declara el titular. Sin inspección, la casilla de criador no registrado dependerá de la buena fe de quien menos interés tiene en marcarla.
Santuarios de animales
Los animales de producción que han perdido su fin productivo pueden inscribirse como animales de compañía si su titular lo decide (arts. 2.1.d y 4.10 del real decreto, en relación con el art. 1.3.b de la Ley 7/2023). Con ello pasan al ámbito de la ley. Es la puerta que los santuarios llevaban años pidiendo. Además, en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, el titular puede pedir que el crotal se sustituya por un bolo ruminal o un microchip.
Los puntos débiles:
- Doble registro. El animal sigue identificado conforme a la normativa ganadera (Real Decreto 787/2023) y se inscribe además como animal de compañía. No sale del sistema ganadero.
- Un registro «meramente informativo». Así lo califica el preámbulo para los animales que deban seguir en el registro ganadero. Habrá que ver qué valor le dan las autoridades de sanidad animal ante un brote o una orden de sacrificio.
- Las aves, en el aire. El artículo 4.10 solo regula los mamíferos. No dice cómo se identifican las gallinas, los pavos o los patos de un santuario.
- Es voluntario. Depende de que el titular lo pida. Recomendamos a los santuarios hacerlo con todos sus animales.
Aves y otras especies
La Ley 7/2023 ordena que las aves se identifiquen mediante anillado «desde su nacimiento» (art. 51.2). El real decreto lo limita a las especies incluidas en el listado de especies domésticas de compañía o en el listado positivo (art. 6.1). Para el resto de animales, el sistema lo fijará una orden ministerial (art. 6.3).
Es decir, para todo lo que no sea perro, gato o hurón, el real decreto remite a normas futuras. Mientras esos listados y esa orden no estén aprobados, conejos, cobayas, reptiles o psitácidas siguen sin un sistema estatal de identificación.
Veterinarios
El veterinario identificador debe comprobar que el animal no tiene ya un medio de identificación, implantar el microchip, verificar la lectura antes y después e inscribir los datos del anexo I (art. 7). Actúa además como encargado del tratamiento de datos personales.
La carga administrativa del veterinario crece, y la norma no dice quién paga ese coste. Tampoco dice qué ocurre si los datos que declara el titular son falsos, y el vacío es serio. En vía penal, faltar a la verdad ante el registro no es delito: el particular solo responde por alterar o simular documentos, no por mentir en lo que declara (arts. 390.1 y 392.1 del Código Penal). En vía administrativa, para los animales sujetos a la Ley 7/2023 solo queda la infracción leve genérica del artículo 73, de encaje discutible. Para los animales excluidos no hay nada previsto: la Ley de sanidad animal castiga la declaración de datos falsos únicamente cuando se refiere a animales de producción (art. 84.6). El resultado es que mentir al registro sale prácticamente gratis, justo cuando un dato falso, como inscribir a un perro como animal de caza, puede cambiar la ley que lo protege.
Balance: aciertos y puntos débiles
Lo que el real decreto hace bien
- Crea un sistema único y conecta los registros autonómicos.
- Incluye a los perros de caza y demás animales excluidos de la Ley 7/2023.
- Fija los gatos comunitarios a nombre de los ayuntamientos.
- Abre una vía para los santuarios.
- Convierte el registro en una herramienta contra el abandono y la cría ilegal.
- Da entrada en el registro a las decisiones judiciales sobre el cuidado del animal.
Lo que deja sin resolver
- Doble régimen sancionador, mucho más benévolo con los animales excluidos de la Ley 7/2023.
- Contradicción con el artículo 51.1 de la ley sobre quién puede ser el primer titular.
- Categoría de perro de caza sin control, ligada a una simple licencia.
- Ayuntamientos inactivos: sin tipo sancionador claro y sin plazo para capturar.
- Cotitularidad sin regular y olvida a las parejas de hecho.
- Silencio sobre protectoras y casas de acogida.
- Protección de datos: acceso al SICERPA sin definir, sin las garantías que sí fija el reglamento europeo.
- Remisiones a normas futuras para aves y otras especies.
- Técnica normativa deficiente: plazos mal redactados y figuras sin definir, frente a una parte técnica veterinaria bien resuelta.
- Calendario largo: el sistema puede no estar completo hasta 2029.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo entra en vigor el Real Decreto 986/2026? El 2 de enero de 2027. La nueva estructura del código del microchip se aplica desde el 1 de enero de 2028.
¿A qué edad hay que poner el microchip a un perro o un gato? Antes de los tres meses de edad y siempre antes de la primera transmisión, sea venta, cesión o adopción.
Mi animal ya tiene microchip. ¿Tengo que cambiarlo? No, salvo que deje de ser legible. Sí habrá que actualizar los datos cuando la comunidad autónoma adapte su registro.
¿El real decreto transpone una norma europea? No exactamente. La norma europea es el Reglamento (UE) 2026/1818, que se aplica directamente y no necesita transposición. Entró en vigor en agosto de 2026 y será aplicable desde el 31 de agosto de 2028, con plazos para la identificación que van de 2030 a 2041. El real decreto se adelanta a ellos.
¿Cambia el modelo de microchip? La tecnología es la misma: transpondedores HDX o FDX-B conformes a las normas ISO 11784 e ISO 11785. Lo que cambia, desde el 1 de enero de 2028, es la numeración: el código deberá incluir el código de país de España (724) y el de la comunidad autónoma. Las clínicas tendrán que pedir a su distribuidor chips con esa estructura.
¿Los perros de caza tienen que llevar microchip? Sí. El real decreto incluye a los perros de caza, rehalas, pastores, de guarda, de rescate y de seguridad, y a los hurones de caza. Además, el Reglamento (UE) 2026/1818 exige identificar a todos los perros, sea cual sea su uso.
¿Qué multa hay por no identificar a un perro? Si el perro está sujeto a la Ley 7/2023, de 10.001 a 50.000 euros. Si está excluido de ella, como un perro de caza, se aplica la Ley de sanidad animal: según la situación, desde un apercibimiento o multa de 600 a 3.000 euros hasta multa de 3.001 a 60.000 euros.
¿A nombre de quién se identifican los gatos de una colonia? A nombre de la administración local competente, normalmente el ayuntamiento, en el momento de la captura. La obligación municipal de identificarlos con microchip existe desde 2023, por la Ley 7/2023.
¿Qué puedo hacer si mi ayuntamiento no identifica ni gestiona las colonias felinas? Requerirle por escrito y, si en tres meses no actúa, acudir a los tribunales por inactividad y pedir medidas cautelares. La multa es posible sobre el papel, pero la vía eficaz es la judicial.
¿Puede un perro estar a nombre de dos personas? El real decreto no lo regula con claridad. Sí permite que el titular designe a una o varias personas responsables.
¿Puedo registrar como animal de compañía a una oveja o a un cerdo rescatado? Sí, si ha perdido su fin productivo y su titular lo solicita. Mantendrá además su identificación ganadera.
Conclusión
El Real Decreto 986/2026 es un avance. Unifica la identificación, alcanza a animales que la Ley 7/2023 dejó fuera y da a las Administraciones una herramienta útil contra el abandono. Pero deja cabos sueltos: sanciona de forma desigual, roza con la ley que desarrolla y deja a protectoras, gestoras de colonias y parejas con más preguntas que respuestas.
Hay una lectura de fondo. La parte técnica del real decreto es sólida: las especificaciones del microchip, la estructura del código o los datos sanitarios del registro están bien resueltos, y se nota la mano de quien conoce la clínica veterinaria. La parte jurídica no está a la misma altura. Plazos mal redactados, figuras sin definir, un reglamento que roza con su propia ley y un régimen sancionador repartido entre dos normas que no acaban de encajar, son defectos de técnica normativa. No es un problema solo de este real decreto. A nuestro juicio, es un patrón que se repite en las reformas de Derecho Animal aprobadas desde 2021.
Los próximos meses son decisivos. Las comunidades autónomas tienen que adaptar sus registros, y en esa adaptación se resolverán, bien o mal, muchas de estas dudas.
